A lo largo de la historia tanto la iglesia como distintos gobiernos han tenido el aborto o bien legalizado o bien penalizado incluso con la pena de muerte. Este es un hecho que no sé si es suficientemente conocido.
Sabemos que los grupos próvida son muy agresivos con los recursos que realizan abortos y con el personal que lo practica, tenemos datos fehacientes de cómo se produjo el rechazo a realizar abortos en Navarra debido a los energúmenos que atronaban los domicilios de médicos, tanto hombres como mujeres, que practicaban el aborto sin ningún problema de conciencia. Lo que llevó a todos los centros de planificación familiar navarros a negarse a realizar abortos mientras estuviese presente la inseguridad jurídica, por cierto, a la que ahora quiere volver Gallardón. Tan agresivos pueden ser que los grupos provida en Estados Unidos han llegado a matar a un médico por practicar abortos.
Habíamos conseguido una ley que permitía destensar la situación, al menos para las personas que la tienen que padecer y que no son otras que las mujeres.
Y esto se ha conseguido mediante el esfuerzo de una ministra en edad de procrear apoyada por su partido y algunos partidos más. La Ley de salud sexual y reproductiva hace hincapié en la planificación familiar como medio de evitar el recurso al aborto pero apoyando que las mujeres que decidiesen acabar con su embarazo pudiesen tomar la decisión como personas adultas y comprometidas con su propia realidad vital.
Pero aparece el caballero Gallardón, que como ya hizo su padre, se opone a la decisión adulta y reflexionada de las mujeres. Y quiere retrotraer todo el complejo avance, en el que la ley nos había situado a:
1.- Que las mujeres ya no puedan decidir como adultas
2.- Que tanto mujeres como personas que practican el aborto estén sometidas a que cualquier persona de ideología contraria pueda denunciarlos y hacerles pasar por procesos muy poco agradables
3.- Que España siga siendo diferente de los países de su entorno europeo
